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Los defensores de los beneficios del libre mercado y de la liberalización económica sin límites esgrimen como principales argumentos frente a los críticos de esta liberalización globalizada o, si se prefiere, globalización neoliberal, a la justicia aplicada por el propio mercado y a la inocuidad de las grandes transnacionales. Que las empresas obtengan buenos resultados y crezcan, nos dicen, es bueno para los ciudadanos porque multiplican su bienestar en todos los sentidos: ofrecen más empleo a los trabajadores, pagan más impuestos a los Estados, generan más riqueza a los inversores, invierten más recursos en investigación y satisfacen más necesidades sociales con productos y servicios cada vez más sofisticados. Si cometen algún error, o simplemente no ofrecen suficientes beneficios sociales, el propio mercado se encarga de eliminarles: los compradores no adquieren sus productos, los inversores desinvierten, los Estados les multan, la justicia les penaliza. Este discurso viene a decirnos que esos grandes imperios económicos generados por exigencia del guión globalizador no constituyen ningún tipo de amenaza para los derechos y libertados de los ciudadanos; que ningún imperio económico puede estar seguro de serlo indefinidamente; que no hay poder económico que no esté sujeto a las leyes del mercado, en las que todo lo que sube puede igualmente bajar. Por ello, cada vez que algún gran grupo empresarial, tan a menudo estos últimos tiempos en la industria de la sociedad de la información, anuncia pérdidas o rebajas en sus beneficios, los defensores de la liberalización a ultranza encuentran una nueva justificación a sus teorías: no hay amos de ningún tipo en esta globalización, el mercado y su propia justicia se encarga de poner las cosas en su sitio.
Sin embargo, parece obvio que todo lo que sube, cuando baja, puede acabar arrastrando algo en su caída. Y a tenor de las exageradas subidas/caídas de algunos y de la reticularidad del entramado socioeconómico actual (todo está conectado con todo), esas fuerzas de arrastre pueden ser, en ocasiones, tan monumentales que constituyen verdaderas fuentes de desestabilización social. Porque tan cierto como que el mercado acaba poniendo las cosas en su sitio es que siempre, o casi siempre, lo acaba haciendo a expensas de los más débiles. Cómo decía Noam Chomsky, el capitalismo de mercado no ofrece los mismos riesgos a unos y otros: libre comercio sí, pero los riesgos para los pobres. Esta afirmación, que podría sustentarse con innumerables ejemplos de prácticas comerciales desiguales e injustas entre países según estos tengan mayor o menor peso en la balanza del comercio mundial (la Organización Mundial del Comercio se encarga de velar por ello,) es de evidencia cotidiana dentro de los mismos países ricos, incluso dentro de los más ricos. El crecimiento desbocado de muchas compañías tiene efectos sociales devastadores en sus consiguientes, y también desbocadas, caídas: los miles de puestos de trabajo que se pierden no son meras reestructuraciones del tejido laboral. Generan inestabilidad, inseguridad y pobreza entre la población menos privilegiada y pueden tener efectos importantes en el consumo (hacen descender el poder adquisitivo de una gran masa de trabajadores), en la política (la inseguridad laboral puede conducir a conflictos sociales, como los xenófogos, de los que se aprovechan los partidos radicales que obtienen así más votos) y, por supuesto, pueden tener efectos financieros a escala mundial. En definitiva: es al empeoramiento creciente de la distribución de la riqueza a quien debemos culpar de crisis económicas como la Argentina o de terremotos políticos como el de Le Pen en Francia. Y aunque, por supuesto, los grandes grupos empresariales no son los culpables de todos los males de nuestras sociedades, sí tienen mucho que ver con la mala distribución de una riqueza que cada vez generan en mayor cantidad y con mayor rapidez.
Los grandes imperios económicos que el actual proceso de globalización acelerada nos está imponiendo (especialmente los basados en alguna de las industrias características de la sociedad de la información), no sólo constituyen una amenaza creciente para la competencia comercial (la concentración está transformando los mercados en oligopolios o monopolios) y para el poder político (cada vez más dependiente del poder económico), sino también una amenaza velada para la estabilidad social. Su subida no beneficia a todos, sólo a unos pocos, pero su caída perjudica a muchos, a demasiados.
Si vamos a tener que vivir en un mundo de concentración empresarial de tales magnitudes va a ser preciso revisar la responsabilidad pública y social, sin duda mucha y grande, de estos grandes grupos económicos.